Los servicios públicos son esenciales para la vida diaria y el bienestar general de la sociedad. En Colombia, la Constitución reconoce que hay grupos de población que, debido a sus condiciones particulares, necesitan una atención especial y prioritaria. Estos grupos, conocidos como sujetos de especial protección constitucional, incluyen a menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad, víctimas de conflicto armado, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros.

 Dado que estas personas enfrentan un mayor riesgo de marginación, la ley colombiana establece que tienen derechos adicionales en situaciones críticas, como la falta de pago en los servicios públicos. Por ejemplo, la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos en el país, y las decisiones de la Corte Constitucional, como la Sentencia T-717 de 2010, establecen condiciones bajo las cuales no es admisible suspender el servicio por falta de pago.

Según la Sentencia T-717 de 2010, se prohíbe la suspensión del servicio en casos donde la persona afectada sea un sujeto de especial protección, la suspensión conlleve un desconocimiento directo de sus derechos constitucionales, y el no pago sea involuntario, debido a circunstancias fuera del control del afectado.

Para proteger estos derechos, los prestadores de servicios públicos deben seguir procedimientos que respeten el debido proceso y permitan a los usuarios ejercer su derecho de defensa. Esto implica notificar adecuadamente cualquier acción que pueda afectar la continuidad del servicio y considerar la situación particular de quienes son reconocidos por la ley como más vulnerables.

Es importante que las personas que forman parte de estos grupos o que tienen a alguien en su hogar con estas características conozcan sus derechos y sepan cómo actuar en caso de dificultades para pagar los servicios públicos. Antes de que se presente el corte del servicio, es aconsejable comunicarse con el proveedor del servicio y solicitar un acuerdo de pago o una revisión de la situación. Además, es importante conocer los mecanismos de protección y asistencia que existen, como los subsidios y programas de apoyo, para evitar situaciones de vulnerabilidad.

En caso de que la empresa prestadora de servicios no respete los derechos de un sujeto de especial protección constitucional, la persona afectada puede recurrir a la acción de tutela como un mecanismo rápido y efectivo para restablecer sus derechos. La acción de tutela no requiere formalismos y puede presentarse de manera verbal o escrita, sin necesidad de un abogado. Es una herramienta importante para garantizar que los derechos de las personas vulnerables sean protegidos en situaciones críticas como la suspensión de servicios públicos.

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Por: Melissa Gonzalez Machado
Abogada Especialista en Der. Comercial y Der. Administrativo