En el sistema jurídico colombiano, el divorcio ha dejado de ser una batalla de culpas para convertirse en un proceso de reestructuración de vida y patrimonio. Con la entrada en vigencia de la Ley 2442 de 2024, Colombia ha adoptado el modelo de "divorcio libre" o unilateral, permitiendo que cualquier cónyuge solicite la disolución del vínculo por su sola voluntad, sin necesidad de demostrar infidelidad, maltrato o abandono. No obstante, mientras que el fin del matrimonio se ha simplificado, la repartición de los bienes y deudas —la liquidación de la sociedad conyugal— sigue siendo el terreno más técnico y complejo, donde una mala asesoría puede comprometer la estabilidad financiera de décadas de trabajo.

Un error frecuente, tanto en ciudadanos como en trámites mal gestionados, es considerar que la sentencia de divorcio pone fin a las obligaciones económicas. En realidad, son dos procesos distintos que suelen ir de la mano pero tienen efectos diferentes. El divorcio extingue el vínculo personal, pero la sociedad conyugal —esa "bolsa común" que nació con el matrimonio— permanece en un estado de indivisión hasta que se liquida formalmente.

Si no se realiza la liquidación, los exesposos siguen vinculados patrimonialmente: uno de ellos podría vender bienes comunes sin el consentimiento del otro, o los acreedores de uno podrían perseguir los activos que el otro cree que ya le pertenecen.

¿Qué entra y qué no en la "bolsa común"?

El ordenamiento colombiano divide el patrimonio en tres categorías: el haber absoluto, el haber relativo y los bienes propios.

El haber absoluto comprende todo lo que entra de forma definitiva a la sociedad para ser repartido al 50%. Aquí incluimos los salarios devengados durante la unión, los frutos o arriendos de cualquier bien (incluso de los propios) y todas las compras onerosas hechas durante el matrimonio. Por el contrario, los bienes propios son aquellos que pertenecen exclusivamente a cada cónyuge: inmuebles adquiridos antes de la boda, o herencias y donaciones recibidas a título personal durante el matrimonio.

El punto más sofisticado es el haber relativo. Se trata de bienes (generalmente muebles como dinero o vehículos) que el cónyuge aporta a la sociedad, pero que generan una "obligación de recompensa". Es decir, la sociedad usa ese dinero, pero queda debiéndole ese valor al cónyuge para devolvérselo al momento de la liquidación, debidamente indexado a valores de hoy.
El eje técnico de una liquidación justa es la teoría de las recompensas. Este mecanismo busca evitar el enriquecimiento sin causa dentro del matrimonio. Surge una recompensa, por ejemplo, cuando se paga una deuda personal (como un crédito educativo previo o una hipoteca de una casa propia) con el salario de uno de los esposos, que es dinero social.

En estos casos, el cónyuge beneficiado debe "compensar" a la masa común por ese gasto. Identificar estas sumas requiere una auditoría detallada de los movimientos financieros de la pareja, pues a menudo las recompensas representan sumas superiores a los mismos bienes tangibles.

Hoy en día, el trámite puede seguir dos vías según el nivel de acuerdo entre las partes. La vía notarial es la opción preferente por su agilidad (15 a 30 días), pero exige consenso absoluto en el inventario de bienes y en los acuerdos de custodia y alimentos si hay hijos menores.

Cuando no hay acuerdo, o cuando se invoca la nueva causal de divorcio unilateral, se debe acudir ante un Juez de Familia. En este escenario, es vital solicitar medidas cautelares como el embargo y secuestro de bienes para evitar que alguno de los cónyuges oculte activos o los traspase a terceros para defraudar al otro.

El divorcio no debe verse como un final, sino como el contrato más importante para asegurar el futuro. Un error en la clasificación de una herencia o la omisión de una deuda puede significar pérdidas patrimoniales irreparables. Por ello, contar con una firma especializada que domine tanto la nueva Ley de Divorcio Libre como la compleja jurisprudencia de la Corte Suprema sobre separación de hecho es la única garantía de que la justicia económica prevalezca sobre el conflicto emocional.

Por: Melissa Gonzalez Machado

Abogada Especialista en Der. Comercial y Der. Administrativo

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