La Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-197 de 2023, ha declarado inconstitucional la norma que exigía a las mujeres cotizar 1300 semanas para acceder a la pensión de vejez. 

 

Esta medida se considera discriminatoria, ya que no tiene en cuenta las barreras y dificultades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y en las responsabilidades de cuidado del hogar.

La Corte reconoce que las mujeres sufren inequidades en términos de protección social y seguridad económica durante la vejez. Factores como la informalidad laboral, la discriminación en el trabajo y la invisibilidad del trabajo no remunerado realizado por las mujeres en el cuidado del hogar contribuyen a esta desigualdad.

Si bien se reconoce la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la norma existente no logra cumplir con los principios de universalidad y progresividad en el acceso a la pensión de vejez para las mujeres. La igualdad de trato entre hombres y mujeres en términos de cotización no tiene en cuenta las condiciones específicas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y de seguridad social.

Como resultado de esta decisión, se aplaza la implementación de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025, dando tiempo al Congreso y al Gobierno para adoptar un régimen de causación del derecho a la pensión de vejez que tenga en cuenta el enfoque de género y la situación de las mujeres cabeza de familia.

A partir del 1 de enero de 2026, si no se ha adoptado dicho régimen, se reducirá gradualmente el número de semanas de cotización requeridas, hasta llegar a 1000 semanas.

La Corte también hace un llamado al Congreso y al Ejecutivo para que implementen políticas y programas complementarios que aborden las barreras y obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso al mercado laboral y que reconozcan y protejan la economía del cuidado ejercida mayormente por ellas.

En resumen, la decisión de la Corte Constitucional busca garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la pensión de vejez, teniendo en cuenta sus condiciones específicas y superando la discriminación de género en el ámbito laboral y de seguridad social.

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